CONCILIACIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

La conciliación en la contratación pública, es aquel tipo de conciliación, en que una de las partes, es una entidad del Estado y la otra parte, es un contratista, realizada ante un centro de conciliación extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dirigido por un tercero neutral, imparcial y especializado denominado conciliador, que asiste a las entidades y contratistas, a encontrar su propia solución a un conflicto respecto de materias controvertidas que se encuentran taxativamente establecidas en la normatividad de contrataciones del Estado y que se producen en la fase de ejecución contractual, en los procedimientos de selección referidos a contrataciones del Estado.
A través de Limamarc, una entidad y un contratista, logran alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio respecto de una indemnización en contratos de suministro de bienes, servicios, obras, consultaría de obras.
En Limamarc atendemos tu caso de indemnización en contratos de suministro de bienes, servicios u obra. Ayudamos a las entidades y contratistas a alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio, basado en la satisfacción de intereses mutuos que impulsa la prosperidad de ambas partes, por medio del diálogo, negociación y la búsqueda de soluciones conjuntas, a través de un procedimiento de conciliación caracterizado por su confidencialidad, rapidez y economía, regulado por la Ley de Conciliación, conducido por un conciliador experto en resolución de conflictos, neutral e imparcial de Limamarc.



PLAZO:

El procedimiento conciliatorio, que proporciona el Centro de Conciliación extrajudicial Limamarc, tiene un plazo de treinta (30) días calendarios, sin embargo por acuerdo de partes, puede aumentar o disminuir, según lo consideren necesario las partes, para llegar a un acuerdo.



VALOR DEL ACUERDO:

El acta de conciliación por acuerdo total, expedida por el Centro de Conciliación Extrajudicial Limamarc, que establece una indemnización por daños y perjuicios en un contrato de suministro de bienes, servicios u obra, tiene un valor similar a una sentencia judicial.